A raíz de la rebelión de Carúpano que amenazó la continuidad del orden constitucional, el para entonces Presidente de la República, Rómulo Betancourt, con la anuencia de su Gabinete Ejecutivo, decretó el 10 de mayo de 1962, la suspensión de las actividades de los partidos comunistas de Venezuela y Movimiento de Izquierda Revolucionario, ambos según los anuncios del gobierno, comprometidos en la intentona subversiva.
Paralelo a este Decreto se dictó otro ordenando aplicar el procedimiento extraordinario previsto en los artículos 353 y 382 del Código de Justicia Militar, para quienes aparezcan complicados en delitos de rebelión, motín y sublevación, extensivo en estado de suspensión de garantías aún para los civiles, alegándose que tal procedimiento estaba dirigido a simplificar la actividad de los tribunales militares y lograr en lapso breve las sentencias contra los responsables de delitos de subversión.
Fue este un jalón más del Gobierno del período inicial de la democracia, dirigido a lograr la tranquilidad pública degenerada desde octubre de 1960 por atentados y brotes guerrilleros. Pero ninguna de las medidas represivas logró lo que se perseguía. Los partidos ilegalizados redoblaron su encono antigubernamental y la violencia, más el terrorismo, cundieron por todas partes.
Quedó demostrado desde la inauguración del nuevo período constitucional que la fuerza contra la fuerza, sin más alternativa, sin una brecha para el diálogo, ensanchan el radio de la violencia y la anarquía. Lo contrario ocurrió al cambiarse el estilo de gobernar.
Cuando terminó su período Betancourt y los gobiernos sucesivos hicieron un esfuerzo por introducir un estilo distinto en las relaciones y discusiones políticas, comenzó a declinar el terrorismo, el secuestro y la lucha de guerrillas, hasta estabilizarse el país bajo un clima de paz. Sin embargo, en este siglo que comienza, la historia, aunque de otra manera, vuelve a repetirse.
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